El nuevo decreto de ZBE ya está en el BOE: qué exige y qué zonas no podrían acreditarse hoy

Qué dice el texto

El Real Decreto 953/2026 tiene un único artículo. Reescribe el apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto 1052/2022, la norma estatal que fija los requisitos mínimos de las zonas de bajas emisiones. Esas zonas las exige el artículo 14.3 de la Ley 7/2021 a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a los de más de 20.000 que superan los valores límite de calidad del aire. Lo proponen conjuntamente la ministra para la Transición Ecológica y el ministro del Interior.

El primer párrafo del apartado apenas cambia, salvo que ahora se dirige a la subdirección general del Ministerio competente en calidad del aire: los ayuntamientos ya tenían que informar al Ministerio y a su comunidad autónoma, en el plazo de un mes desde que crean la zona, de su delimitación, sus medidas, su calendario y sus indicadores. Lo nuevo es lo que viene después. «A los efectos de la correcta justificación de su implantación», cada ayuntamiento tendrá que enviar cinco documentos:

1. La ordenanza vigente que regula la zona, en el plazo de un mes desde su entrada en vigor.
2. La prueba de que está en vigor el régimen de prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento «según el potencial contaminante» de los vehículos.
3. La prueba de que funciona el sistema de control de accesos, monitorización y seguimiento.
4. La integración con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la DGT.
5. La prueba de que se aplica el régimen sancionador, que «excluirá cualquier sistema transitorio de avisos que pudiera haberse contemplado previamente».

Y una frase de cierre que es la que da sentido al conjunto: «En tanto no se reciba dicha documentación, no se considerará correctamente implantada la ZBE». El decreto se publicó el 6 de noviembre y, como no fija fecha propia, entra en vigor a los veinte días, el 26 de noviembre de 2026. No tiene disposición transitoria ni plazo de adaptación.

Lo que no dice, aunque se haya publicado

El 3 de noviembre, con solo el comunicado del Ministerio, buena parte de la prensa tituló que el Gobierno «obliga» a los ayuntamientos a multar. El texto no llega tan lejos. No modifica ninguna ordenanza, no prohíbe expresamente las moratorias y no prevé sanciones para el ayuntamiento que no envíe los documentos. Lo único que establece es que, sin ellos, su zona no cuenta como correctamente implantada.

Tampoco recoge dos de los problemas que el Ministerio citó al presentarlo. No hay ningún requisito sobre el tamaño del perímetro ni sobre zonas que se limitan a calles que ya estaban restringidas. Y no hay nada sobre los regímenes de excepciones, que según OKDiario sí aparecían en la versión sometida a información pública.

Hay un detalle que conviene no sobrevalorar: enviar el contorno, los horarios y los vehículos permitidos a la DGT ya era obligatorio desde 2022 por el apartado 2 del mismo artículo, y la DGT ya debía ponerlo a disposición de navegadores y vehículos. Lo nuevo es que la integración con ese punto de acceso pasa a ser una de las condiciones para que la zona se considere implantada.

Por qué importa: las ayudas al transporte

Que una zona no se considere «correctamente implantada» tiene consecuencias por otra vía. El Real Decreto-ley 17/2025, que financia los descuentos de abonos y títulos multiviaje en 2026, condiciona las ayudas en su artículo 7.3. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deben acreditar, mediante declaración responsable, que tienen una zona de bajas emisiones activa o que la implantan y está en funcionamiento durante 2026. Los de 20.000 a 50.000 habitantes pueden presentar en su lugar un informe que demuestre que no superan los valores límite de calidad del aire.

El nuevo decreto no cita esas ayudas, pero fija qué significa tener una zona implantada. Según Heraldo de León, esa acreditación podrá servir de referencia para concederlas. Si el Ministerio la aplica así, ahí estará la presión real sobre los ayuntamientos que retrasan las multas.

Zonas en avisos o en moratoria

El quinto documento excluye expresamente los sistemas transitorios de avisos, y bastantes ordenanzas en vigor todavía no multan. En Vigo, la primera fase arrancó en septiembre de 2026 con un año de avisos, hasta septiembre de 2027 según la prensa. En Burgos, la moratoria de 18 meses lleva las multas al 5 de agosto de 2027. En Cuenca, el Pleno acordó aplazarlas hasta el final de 2027, según la prensa, aunque esa ampliación no consta en el boletín provincial. Ponferrada está en fase informativa hasta el 31 de diciembre de 2026, la ordenanza de Torrevieja no produce efectos hasta el 1 de enero de 2027 y Chiclana no podrá sancionar hasta el 19 de diciembre, según la cuenta que sale de su boletín. En Dos Hermanas, la zona del parque tecnológico estaba en enero de 2026 en el periodo de adaptación de su ordenanza, sin sanciones, y no hemos encontrado noticias posteriores.

Hay casos que ni siquiera llegan al segundo documento, porque todavía no restringen nada: Motril no limita a nadie hasta el 10 de abril de 2028 y Lorca no empieza a restringir hasta el final de 2029. Ninguna de estas fechas cambia por el decreto, porque las fija cada ordenanza. El calendario completo está en nuestro calendario de las ZBE.

Zonas que no restringen por etiqueta

El segundo documento exige restricciones «según el potencial contaminante» de los vehículos, es decir, ligadas a la etiqueta ambiental. Varias zonas restringen el acceso por otro criterio. En Cáceres, Alcalá de Guadaíra, Santiago, Lugo o Huesca solo entran los autorizados, sea cual sea su distintivo. Benidorm funciona con una lista blanca de matrículas y en A Coruña la etiqueta no decide el acceso.

Otras están en vigor sin restringir al coche particular, como Elche, Castellón y Cartagena, o no pueden restringir hasta que un decreto de Alcaldía complete sus anexos, como Elda; las repasamos en las ZBE sin multas. Y algunas solo restringen en un episodio de contaminación, como León, Alcalá de Henares o Las Rozas; si eso basta para acreditar el segundo documento es algo que el texto no aclara.

Lo que el decreto no alcanza: perímetros y excepciones

El comunicado del Ministerio también criticaba los ámbitos insuficientes que coinciden con espacios que ya tenían el tráfico limitado. Encajan varias zonas que hemos analizado: en Fuengirola, las calles de la zona ya tenían control de acceso antes de la ZBE; en Alcalá de Guadaíra, la ordenanza es en la práctica un plan de peatonalización; la ZBE 1 de Salamanca es el casco peatonal, y la de Soria es el centro histórico, buena parte ya peatonal o con el tráfico limitado. Tres Cantos restringe solo la calzada de dos avenidas, 9,24 hectáreas, y la de Boadilla del Monte ocupa 0,14 kilómetros cuadrados.

Pero ninguno de los cinco documentos mide la superficie, así que una zona pequeña que multe por etiqueta y tenga cámaras puede acreditarse igual que una grande. Lo mismo pasa con las excepciones: como contamos en las ZBE que eximen a sus vecinos, 27 zonas en vigor de nuestro análisis tratan mejor al coche del propio municipio que al de fuera, el criterio por el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la de Málaga. El decreto no las toca.

Qué cambia para ti

De forma inmediata, nada. Ninguna multa nace de este decreto: la sanción sigue siendo la infracción grave del artículo 76.z3 de la Ley sobre Tráfico, de 200 euros, y las fechas de cada ciudad son las de su ordenanza. Lo que cambia es la presión sobre los ayuntamientos que siguen en avisos o que no filtran por etiqueta, que pueden adelantar las multas para no quedar fuera de las ayudas al transporte. Si alguno lo hace, lo veremos en su boletín oficial y lo recogeremos en su ficha. Mientras tanto, comprueba tu coche con la calculadora de ZBE por matrícula.