Las ZBE que eximen a sus vecinos: 27 ciudades aplican el criterio que tumbó la zona de Málaga

La zona de bajas emisiones de Málaga no cayó por contaminar poco ni por estar mal tramitada. El TSJA rechazó los motivos formales que planteó Vox y confirmó que la ciudad, con más de 50.000 habitantes, está obligada a tener ZBE por la Ley 7/2021 de cambio climático. Lo que anuló, en la sentencia 896/2026 de su sala de Málaga, de 6 de mayo, fue una sola idea: que un coche sin etiqueta pudiera circular por ser de la capital y otro idéntico, matriculado en Torremolinos o en Rincón de la Victoria, fuera multado. Según el análisis que la catedrática Blanca Lozano Cutanda publicó en septiembre para el despacho Gómez-Acebo & Pombo, la sala entendió que distinguir entre vehículos igual de contaminantes por su lugar de matriculación afecta a la libre circulación de mercancías y personas y vulnera la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución y la unidad de mercado, sin que conste «una justificación técnica proporcionada, ambientalmente imperiosa y no discriminatoria».

El Ayuntamiento de Málaga renunció al recurso de casación, apagó las cámaras el 14 de octubre de 2026 y prepara una ordenanza nueva. La pregunta obvia es qué pasa con las demás ciudades que hacen lo mismo. Para responderla hemos leído la excepción de residentes de las 93 zonas que sigue nuestro observatorio de ZBE, cada una contrastada con su ordenanza o con la información municipal en su ficha. El resultado: 27 zonas en vigor tratan de algún modo mejor al coche del propio municipio que al de fuera; 47 solo eximen a quien vive o guarda el coche dentro del perímetro, un criterio que la sentencia no examinó; y 7 no conceden nada por el domicilio. Otras dos que todavía no rigen, Alcorcón y Gijón, aplicarían la exención municipal.

Qué anuló el TSJA en Málaga, y qué dejó en pie

Conviene leer con cuidado el caso malagueño, porque es la vara de medir de todo lo demás. El artículo 15.1.b de la Ordenanza de Movilidad, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del 29 de noviembre de 2024, dejaba entrar libremente en la ZBE a los vehículos con etiqueta B y a los que no tenían etiqueta siempre que cumplieran dos condiciones: estar domiciliados, a la entrada en vigor de la ordenanza, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica de la ciudad de Málaga, y no cambiar de titular desde entonces. El calendario era progresivo. El primer año circulaban todos; desde el segundo, el coche sin etiqueta tenía que ser de Málaga para entrar, y desde el tercero lo mismo se iba a exigir al de etiqueta B.

El fallo dejó sin efecto el capítulo de la ordenanza que regula las zonas restringidas a la circulación, y el auto de aclaración, fechado el 29 de septiembre y comunicado el 13 de octubre, precisó que la nulidad alcanza solo a los artículos relativos a la zona de bajas emisiones. Lo que no hizo el tribunal es igual de importante. No cuestionó que Málaga deba tener ZBE, no anuló la ordenanza entera y no dijo nada sobre las exenciones de quien vive dentro del perímetro. Tampoco es una doctrina asentada. El propio análisis de Gómez-Acebo & Pombo señala que la sentencia se apoya en tres sentencias del Tribunal Supremo, de 2019, 2021 y 2023, que no han podido localizarse en las bases de datos habituales, y que las dos únicas en las que el Supremo ha examinado una ordenanza de ZBE, las de Barcelona de noviembre de 2023 y febrero de 2024, no abordan el domicilio porque la prohibición barcelonesa no distinguía por él.

Esto tiene una consecuencia práctica. La sentencia de Málaga es la única, entre las que hemos podido revisar, que entra en el fondo del criterio de domicilio. Las demás anulaciones de ZBE se debieron a otros defectos: la falta de encaje en el plan de movilidad en Segovia, Ávila, Guadalajara o Badajoz, o una memoria económica insuficiente en Madrid 360, como explicamos en por qué caen las ZBE. En Guadalajara, una asociación sí alegó la discriminación por empadronamiento, pero el tribunal anuló por el plan de movilidad y no entró en ese argumento. Que el TSJA haya fallado así en Málaga no obliga a los tribunales superiores de Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha a fallar igual, aunque cualquier recurrente lo va a citar.

Padrón, impuesto, DGT o domicilio fiscal: cuatro maneras de ser «de aquí»

Cuando una ordenanza habla de «residentes» casi nunca se refiere a lo mismo, y la diferencia decide quién paga la multa. Hay cuatro criterios, a veces combinados. El primero es el padrón de habitantes, que es un dato de la persona: dónde vive. El segundo es el padrón del impuesto de circulación (IVTM), que es un dato del coche. El tercero es el domicilio que figura en el Registro de Vehículos de la DGT. Y el cuarto, el domicilio fiscal del vehículo, que es el que usan Granada, Cádiz, Fuenlabrada o Sagunto.

En la práctica, los tres últimos suelen coincidir, y la razón está en la ley. El artículo 97 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales atribuye la gestión y el cobro del impuesto de circulación al ayuntamiento «del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo». Es decir, el coche paga el impuesto donde Tráfico dice que está domiciliado. Pero hay un matiz que casi nadie cuenta: el artículo 60.2 de la Ley de Tráfico permite hacer constar en el historial de cada vehículo «un domicilio a los únicos efectos de gestión de los tributos relacionados con el mismo». El coche puede tener así un domicilio tributario distinto del de su titular.

Las consecuencias se ven en los casos de frontera. En Albacete y en Lleida cuenta dónde tributa el coche, no dónde vive el conductor, de modo que un vecino con un coche de empresa o de renting domiciliado en otro municipio no está exento sin trámite: en Albacete tiene que pedir la inscripción y en Lleida le corresponden los 24 accesos anuales de cualquier visitante. Torrejón y Alcobendas resuelven el problema aceptando cualquiera de los dos datos, padrón o impuesto. Benidorm exige los dos a la vez. Y Girona mira el domicilio del permiso de circulación, pero el de 2024, el año en que aprobó su ordenanza: quien se trasladó después a la ciudad con un coche sin etiqueta no queda exento aunque esté empadronado.

Las 27 zonas que eximen a todo el municipio

Dentro del grupo hay intensidades muy distintas. En un extremo están las zonas donde la etiqueta deja de importar para el coche local. En Granada el filtro real no es el distintivo ambiental sino el domicilio fiscal: cualquier coche de la ciudad entra, tenga o no etiqueta, mientras que el de otro municipio necesita al menos la B. Cádiz sigue el mismo esquema con el impuesto de circulación, y su ordenanza prevé que desde el segundo año el coche de fuera necesite etiqueta 0 o ECO, mientras el gaditano sigue entrando con cualquiera. Torrejón, Alcobendas, Albacete, Lleida, Majadahonda, Mérida, Las Rozas, Boadilla y Tres Cantos eximen al coche local sin etiqueta sin fecha de caducidad, y Almería lo hace «durante 3 años», según el anexo de su ordenanza.

En el otro extremo están las ventajas parciales o temporales. En Madrid la zona cubre todo el término municipal y el coche sin etiqueta de fuera no puede circular por él, mientras que el domiciliado en la capital tiene una moratoria en 2026. Según el análisis de Gómez-Acebo & Pombo, la disposición transitoria séptima de la Ordenanza 2/2026 la limita a los turismos domiciliados en Madrid en el Registro Nacional de Vehículos de forma ininterrumpida desde el 1 de enero de 2022 y dados de alta en el impuesto municipal, y la condiciona a que se cumplan los valores límite de dióxido de nitrógeno; para camiones, furgonetas o motos sin etiqueta, en cambio, el municipio de domicilio da igual. La autora concluye que esa excepción «queda expuesta a idéntico reproche jurídico y riesgo de anulación». En Getafe, el vecino que vive fuera del perímetro circula con etiqueta B hasta 2027 y el de fuera solo puede usarla para llegar a un aparcamiento. En Fuenlabrada la exención del coche domiciliado solo vale si entra a hacer una gestión y se queda al menos ocho minutos y medio. En Parla el vecino empadronado que paga allí el impuesto tiene cinco o seis años más que el de fuera para cada etiqueta: sin etiqueta, hasta 2029 frente a 2024. Mataró no exime, pero da más días de acceso al coche censado en la ciudad que al de fuera, y Tarragona y Reus fijan fechas de caducidad, el 31 de diciembre de 2026 y el 30 de diciembre de 2027. Cerdanyola del Vallès no multa hasta 2028 a los vecinos empadronados con coche sin etiqueta a 31 de diciembre de 2024, y ata esa fecha a que funcione la nueva red de autobús metropolitano.

Hay dos casos que estiran el criterio más allá del término municipal. Sagunto deja circular por los anillos exteriores de sus dos núcleos a los coches con domicilio fiscal en la provincia de Valencia hasta 2030 y a los de la comarca del Camp de Morvedre hasta 2032, mientras que los de la propia ciudad no tienen más restricción que la que ya regía en Ciutat Vella. Y el proyecto de Gijón, que todavía no está aprobado, extiende la ventaja de los empadronados en el municipio a los del vecino Carreño. El esquema ya no es «los de aquí frente a los de fuera» sino una serie de círculos concéntricos.

El efecto acumulado se nota sobre todo en el sur de la Comunidad de Madrid. Un coche sin etiqueta matriculado en Leganés no puede circular por Madrid capital, no puede entrar en la ZBE de Getafe, donde al de fuera solo se le admiten la C, la ECO y la 0, y tampoco en la de Torrejón o Fuenlabrada sin una excepción. El mismo modelo domiciliado en Madrid o en Torrejón circula por su ciudad, y el de Getafe o Fuenlabrada tiene vías de acceso, con autorización o para hacer una gestión, que al de Leganés no se le ofrecen. Para el conductor que vive en un municipio y trabaja en otro, el mapa de las ZBE madrileñas depende menos de la etiqueta que del padrón. Lo detallamos en el análisis de las ZBE de la Comunidad de Madrid.

Las 47 que solo eximen a quien vive dentro

La mayoría de las zonas en vigor no distingue entre vecinos y forasteros del municipio, sino entre quien vive o guarda el coche dentro del perímetro y todos los demás. Es el criterio de Bilbao, Palma, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Córdoba, Alicante, San Sebastián, Pamplona, Vitoria, A Coruña, Oviedo, Vigo, Santander, Ourense, Salamanca, Santiago, Lugo, Burgos, León, Cáceres, Pontevedra, Ponferrada, Talavera, Huesca, Sabadell, Terrassa, Torrevieja, Móstoles, Rivas, Alcalá de Henares, Santa Cruz de Tenerife, Soria, Torrelavega, Jerez, Chiclana, San Fernando, Rubí, Granollers, Fuengirola, Molina de Segura, Siero, Lorca, La Línea, Vilanova i la Geltrú, Cuenca y Alcalá de Guadaíra. En ellas, un vecino de la misma ciudad que vive a dos calles del perímetro recibe el mismo trato que alguien llegado de otra provincia. Palma lo dice expresamente: la exención de los empadronados en la zona vale solo para su ZBE y no basta con estarlo en Palma ni en otro municipio de Mallorca.

La sentencia de Málaga no examinó este modelo, y la lógica es otra. El residente dentro del perímetro necesita llegar a su casa o a su garaje, y negarle el acceso equivaldría a expulsarlo de su propia calle. El Real Decreto 1052/2022, que regula las ZBE, no contempla exenciones por domicilio ni por residencia, pero su artículo 5.3 admite excepciones «en casos debidamente justificados», siempre que no comprometan los objetivos de la zona, y su anexo exige justificar las restricciones y sus excepciones con arreglo al artículo 5 de la Ley de garantía de la unidad de mercado. Eso no blinda automáticamente al residente del perímetro, pero lo coloca en una posición mucho más defendible que el privilegio del coche municipal.

Dos ciudades sirven de contraste. Burgos exime hoy solo a los domiciliados y empadronados en las calles de la zona, pero su gobierno municipal propuso en marzo de 2026 dejar entrar a todos los coches sin etiqueta empadronados en la ciudad y con el impuesto pagado allí; a 25 de octubre la reforma no consta aprobada. Y Alcobendas hizo el camino contrario al de la sentencia: su ordenanza de 2022 eximía solo a los empadronados en la zona, y la reforma publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 31 de julio de 2026, siete semanas después de conocerse el fallo de Málaga, extendió la exención a todo empadronado en el municipio y a todo coche que pague allí el impuesto.

Las que no eximen a nadie por el domicilio

En el otro lado están las zonas que no reconocen ninguna ventaja por el domicilio. La ZBE de las Rondas de Barcelona aplica la misma regla a un coche del Eixample que a uno de Girona, y lo mismo ocurre en L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues y Badalona, donde todas las autorizaciones pasan por el registro metropolitano. Sant Cugat del Vallès tampoco contempla exención por empadronamiento, y en Dos Hermanas la cuestión no se plantea porque su zona es un parque empresarial donde no vive nadie. Seis de las siete pertenecen al área metropolitana de Barcelona, que gestiona las autorizaciones en un registro común para todos sus municipios.

Cómo han reaccionado las ciudades desde junio

Entre las 27, solo dos han dicho algo en público sobre la sentencia de Málaga, y lo han hecho con argumentos opuestos. Cádiz anunció tras la Junta de Gobierno del 16 de octubre que los técnicos municipales revisarán los argumentos de la sentencia para comprobar si su ordenanza necesita algún ajuste antes de empezar a multar, algo previsto para antes de que acabe el año. El concejal José Manuel Cossi recordó que las sanciones afectarían solo a los coches de no residentes, y el alcalde, Bruno García, insistió en que «no hemos tomado ninguna decisión». Su defensa: alrededor del 70 % del ámbito de la zona ya era peatonal y la ciudad cumple los objetivos de calidad del aire previstos para 2030, según recoge Portal de Cádiz.

Granada sostiene justo lo contrario. Su portavoz, Jorge Saavedra, respondió el 12 de junio que la zona granadina tiene «particularidades que no comparte con Málaga»: que no es «ni mucho menos un capricho», sino «una imposición legal y un problema de salud», y que el 70 % de los vehículos que circulan por la ciudad llegan del área metropolitana. En octubre, según 101tv, volvió a defender que la zona responde a la ley estatal y que confía en que no se anule como la malagueña. El argumento importa, porque es el que el TSJA echó en falta en Málaga: una justificación ambiental para tratar distinto a coches iguales. La dificultad es que esa justificación tendría que explicar por qué el coche sin etiqueta de un vecino de la capital puede circular y el de uno de Armilla, que emite lo mismo, no. Los doce recursos contra la ordenanza granadina, nueve de ellos de ayuntamientos del cinturón, siguen sin sentencia; el TSJA ya rechazó las medidas cautelares de Armilla y de Gójar a finales de 2025, antes del fallo malagueño.

El resto ha seguido adelante como si nada. Sagunto aprobó su ordenanza definitiva en agosto de 2026, con la sentencia ya publicada, y mantuvo tanto la exención para los coches con domicilio fiscal en la ciudad como la ampliación provincial y comarcal. En Tarragona, el pleno aprobó inicialmente el 19 de junio una modificación que alargaría hasta 2027 la exención de todos los empadronados, vivan dentro o fuera del perímetro. En Madrid, Torrejón, Getafe, Fuenlabrada, Albacete, Lleida, Reus, Girona, Mataró, Almería y Benidorm no hemos encontrado ninguna reacción pública a la sentencia. Vox, que ganó el pleito de Málaga, anunció que dará la batalla legal «con cada resquicio», según El Debate, aunque a 25 de octubre no consta ningún recurso nuevo basado en ese criterio.

El efecto secundario: el coche que se muda sin su dueño

Una exención ligada al domicilio crea un incentivo evidente: cambiar el domicilio del coche. En el área de Granada ya ha pasado. La alcaldesa de Armilla certificó en 2025 un repunte de bajas en el padrón de vehículos del municipio que, según dijo, prácticamente duplicaba el del año anterior, con vecinos que reconocían haber trasladado el domicilio fiscal del coche a casa de un familiar de la capital para esquivar la ZBE. El movimiento tiene un coste para los pueblos del cinturón, porque el impuesto de circulación se paga donde está domiciliado el coche y esos ingresos pasan a Granada.

Las ordenanzas más recientes han aprendido la lección congelando la fecha. Málaga ya lo hacía, porque su artículo 15.1.b solo amparaba a los coches domiciliados en la ciudad a la entrada en vigor y sin cambio de titular posterior; Madrid exige el domicilio en la capital desde el 1 de enero de 2022 sin interrupción, y Girona, el del permiso de circulación en 2024. La lección del caso malagueño es que esa cláusula sirve para frenar el empadronamiento de conveniencia, pero no responde a la objeción del tribunal: el coche sigue contaminando lo mismo esté domiciliado donde esté.

A quien esté tentado de hacer la «mudanza» le conviene saber tres cosas. El domicilio que consta en Tráfico debe ser el real, y el artículo 30.2 del Reglamento General de Vehículos obliga a comunicar cualquier cambio en un plazo de quince días. Ese domicilio es el que usa la DGT para notificar las multas, así que una notificación que llega a casa de otra persona puede hacerte perder el plazo de alegaciones, como explicamos en la guía del cambio de domicilio en la DGT. Y en las ciudades que congelan la fecha, el cambio no sirve de nada.

Qué hacer si te multan por ser de fuera

Si la multa es de Málaga, no tienes que hacer casi nada: el Ayuntamiento devolverá de oficio las ya cobradas cuando la sentencia sea firme, previsiblemente hacia el 25 de noviembre de 2026, y anulará las que siguen en trámite. Basta con facilitar una cuenta bancaria a Gestrisam; los pasos están en la ficha de la ZBE de Málaga.

En cualquier otra ciudad, la ordenanza sigue vigente y el Ayuntamiento la aplicará. Antes de pensar en la sentencia, comprueba lo básico: si tu coche debería estar exento y no lo estaba por un registro mal hecho, por ejemplo por ser de renting o de empresa, ese es el argumento más sólido, y lo explicamos en multa de ZBE siendo residente. Si la multa es correcta según la ordenanza y lo que discutes es la propia exención de los vecinos, la vía es judicial. El artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa permite impugnar un acto de aplicación, como la sanción, alegando que la ordenanza en la que se basa no es conforme a Derecho, aunque nadie la recurriera en su momento. Es un procedimiento más largo y caro que unas alegaciones para una multa de 200 euros, y el resultado no está garantizado fuera de Andalucía. Los plazos y la plantilla del recurso administrativo están en la guía de recurso de multas, y si dudas entre pagar con descuento o recurrir, mira qué compensa en cada caso.

Y si lo que quieres es saber si tu coche puede entrar en una ciudad concreta, empieza por la calculadora ZBE por matrícula y la ficha de esa ciudad en el listado de todas las ciudades. Revisaremos esta clasificación cada trimestre y cada vez que un tribunal se pronuncie sobre una de las 27.