Cuándo prescribe una multa de tráfico y cómo alegar la prescripción

La prescripción es la institución jurídica que impide a la administración sancionar una conducta cuando ha transcurrido un plazo razonable desde su comisión sin que se hayan producido actos válidos del procedimiento. Su fundamento es la seguridad jurídica: un conductor no puede vivir indefinidamente bajo amenaza de una sanción por hechos antiguos. En materia de tráfico los plazos son cortos —tres meses para infracciones leves, seis meses para graves y muy graves— y eso convierte a la prescripción en una de las causas con mayor tasa de éxito cuando concurre.

La razón de que se utilice poco es práctica, no jurídica: requiere rastrear las fechas exactas (día del hecho, día de notificación, posibles actos intermedios) y comprobar que ningún acto administrativo con conocimiento formal del interesado interrumpió la cuenta. Cuando la cadena documental tiene huecos, la prescripción se alega con base sólida y suele prosperar.

Plazos exactos por gravedad

El artículo 112.1 del RDL 6/2015 establece tres plazos:

• Infracciones leves: tres meses desde la comisión del hecho.
• Infracciones graves: seis meses desde la comisión del hecho.
• Infracciones muy graves: seis meses desde la comisión del hecho.

La diferencia respecto al procedimiento sancionador común (Ley 40/2015) es deliberada: el legislador acortó el plazo de prescripción de infracciones leves a tres meses para forzar a la administración a tramitar con celeridad.

La sanción firme —cuando la resolución ya no admite recurso administrativo, con independencia de que el interesado acuda después a la vía contenciosa— prescribe a los cuatro años, computados desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza en vía administrativa, según el artículo 112.4 RDL 6/2015. Es la prescripción del derecho a ejecutar, distinta del derecho a sancionar. Concurre cuando la administración tarda más de cuatro años en iniciar el procedimiento de apremio o cuando este se interrumpe con resultado infructuoso durante ese plazo. La suspensión del permiso, cuando es la sanción impuesta, tiene su propio plazo de prescripción, de un año desde el día siguiente a la firmeza, según ese mismo apartado.

Quien cree que una multa impagada se evapora en cuestión de meses suele confundir este plazo con el de la infracción. La infracción prescribe en meses, pero la deuda derivada de una sanción ya firme puede reclamarse durante años, normalmente por la vía de apremio y con sus recargos, y este plazo también se interrumpe con cada actuación de cobro notificada: una providencia de apremio, un embargo o cualquier diligencia recaudatoria de la que el deudor tenga conocimiento. Dejar de pagar y esperar no es una estrategia, es una forma de acumular recargos; si la multa todavía admite recurso, casi siempre compensa valorar la defensa, por cuenta propia o con ayuda, como se compara en recurrir tú mismo frente a contratar abogado.

Cómo computar el plazo correctamente

El cómputo inicial es desde el mismo día de la comisión del hecho, no desde el día siguiente: el artículo 112.1 del RDL 6/2015 es ley especial y desplaza la regla general del artículo 30.4 de la Ley 39/2015, disponiendo que el plazo de prescripción comienza a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido. Esa precisión importa cuando el cómputo se acerca al límite: si el hecho fue el 14 de mayo, el plazo de tres meses para infracción leve corre desde ese mismo 14 de mayo y la infracción prescribe el 14 de agosto si no hubo un acto interruptivo válido con conocimiento del interesado.

Prescripción y caducidad del procedimiento: dos figuras distintas

Conviene no confundir la prescripción del artículo 112.1 con la caducidad del procedimiento, regulada en el apartado 3 del mismo artículo 112 del RDL 6/2015. La prescripción extingue la posibilidad de sancionar por el simple paso del tiempo desde el hecho infractor —tres o seis meses, según la gravedad— y puede interrumpirse mediante los actos formales ya descritos. La caducidad opera de forma distinta y parte de un momento diferente: si transcurre más de un año desde la incoación del expediente sancionador sin que se haya dictado resolución, el procedimiento caduca y debe archivarse, a instancia del interesado o de oficio, con independencia de que hubiera habido actuaciones intermedias válidas. Es un plazo más largo que el de la prescripción, pero también más restringido en lo que protege: solo ampara frente a la lentitud del procedimiento ya abierto, no frente al retraso en abrirlo. La única causa que suspende ese año es que la administración esté esperando a que la jurisdicción penal resuelva sobre los mismos hechos; superada esa paralización, el cómputo se reanuda por el tiempo que quedaba. Para alegar caducidad hace falta localizar en el expediente la fecha exacta de la incoación —no la del hecho ni la de la notificación del boletín— y contar el año hasta la fecha de la resolución sancionadora.

Hay además dos matices que conviene tener presentes. El primero: la caducidad extingue el expediente concreto, pero si la infracción todavía no ha prescrito la administración puede, en teoría, abrir un procedimiento nuevo por el mismo hecho; por eso hay que comprobar siempre los dos plazos a la vez. El segundo: el texto del artículo 112.3 no dice que la interposición de un recurso suspenda el plazo de caducidad. Lo que sí prevé es la suspensión cuando interviene la jurisdicción penal, de modo que no debe darse por buena la afirmación, muy repetida, de que recurrir alarga indefinidamente ese año.

Los actos interruptivos válidos son, conforme al artículo 112.2 del RDL 6/2015, tres: cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado (la notificación válida del boletín de denuncia o de la incoación, la propuesta de resolución, la resolución sancionadora); las actuaciones encaminadas a averiguar su identidad o domicilio, que interrumpen el plazo aunque el interesado todavía no tenga constancia de ellas; y la notificación practicada conforme a los artículos 89 a 91. El plazo se reanuda, además, si el procedimiento se paraliza más de un mes por causa no imputable al denunciado. Lo que no interrumpe son los simples movimientos internos del expediente —pase a propuesta, anotaciones registrales, comunicaciones interadministrativas DGT-Ayuntamiento— que no encajan en ninguno de esos tres supuestos.

Cada interrupción no resta tiempo: lo pone a cero, y basta una sola actuación notificada para que el reloj vuelva a arrancar desde el principio. Por eso es tan difícil que una multa prescriba por puro paso del tiempo. Además, la notificación que interrumpe no tiene por qué llegar en mano. Los artículos 89 a 91 regulan la cadena: primero en el acto o en el domicilio (artículos 89 y 90) y, cuando eso falla, en el «Boletín Oficial del Estado» a través del Tablón Edictal Único (artículo 91). Una notificación edictal es jurídicamente tan válida como la carta certificada, también interrumpe la prescripción y se entiende practicada a los veinte días naturales de su publicación, la haya leído el interesado o no.

El criterio reiterado de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia es exigente con la administración en este punto: cuando esta alega una actuación interruptiva, debe acreditar con fecha cierta que encaja en alguno de los tres supuestos del artículo 112.2. Si no consta esa acreditación, el silencio probatorio favorece al recurrente: en el procedimiento sancionador es la administración quien debe probar los hechos en que basa la sanción, conforme al principio de presunción de inocencia que rige la potestad sancionadora.

Cuándo procede alegar prescripción

El primer escenario es el más frecuente: la notificación del boletín de denuncia se recibe después del plazo. Para una infracción leve cometida el 1 de febrero, si el conductor recibe el boletín el 10 de mayo, la infracción ha prescrito —el plazo de tres meses venció el 1 de mayo—. Para una grave cometida el mismo día, el plazo no vence hasta el 1 de agosto, por lo que la notificación del 10 de mayo sigue siendo válida.

El segundo escenario es el paréntesis temporal entre actos: si entre la notificación del boletín y la propuesta de resolución transcurren más de los plazos legales sin acto interruptivo válido, la prescripción opera de oficio aunque el expediente esté formalmente abierto. Es un escenario menos habitual pero suficientemente documentado en el criterio reiterado de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

El tercero es la prescripción de la sanción firme: si la administración tarda más de cuatro años en cobrar la deuda mediante apremio, la sanción ya impuesta prescribe y no puede ejecutarse. Concurre típicamente en sanciones antiguas donde el conductor cambió de domicilio sin que la administración localizase bienes para embargar.

El mito del 31 de diciembre

Cada diciembre se repite la esperanza de que, si se aguanta sin pagar, a fin de año la multa se borra sola. La idea probablemente nace de mezclar el cierre del ejercicio contable con la prescripción, dos cosas sin relación. Ninguno de los plazos del artículo 112 se ancla al calendario natural: todos se cuentan desde un hecho concreto —la comisión de la infracción, la iniciación del expediente o la firmeza de la sanción— y se reinician con cada notificación válida. Una multa de octubre no prescribe en Nochevieja; prescribiría, en su caso, en su propio aniversario de tres o seis meses, salvo interrupción. La fecha que importa es la de la multa de cada cual, no la del 31 de diciembre.

Cómo comprobar el estado real de un expediente

En lugar de fiarse de mitos, lo sensato es comprobar el estado de cada expediente, algo que hoy se hace en minutos por tres vías oficiales:

• Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA/TEU) en la sede electrónica de la DGT. La consulta es gratuita y no exige certificado digital: basta introducir el DNI, NIE, CIF o la matrícula para ver si hay notificaciones publicadas que no han llegado por correo. Si se accede con Cl@ve, la búsqueda se filtra automáticamente a los anuncios que incorporan el NIF del usuario.
• Dirección Electrónica Vial (DEV), el buzón electrónico de la DGT para recibir notificaciones por correo electrónico y SMS. Darse de alta evita que una notificación acabe en el tablón edictal por no haber localizado al interesado en su domicilio.
• Consulta de multas y de saldo de puntos en la sede de la DGT, con certificado, Cl@ve o la aplicación oficial, para ver el detalle y el estado de tramitación de cada expediente.

Revisar el tablón con regularidad no es una recomendación menor: como la notificación edictal se da por practicada a los veinte días naturales, ignorarlo puede costar el plazo para recurrir o para pagar con la reducción del 50 %. Conviene recordar también que el dinero no es lo único en juego, porque muchas sanciones graves y muy graves restan puntos, una pérdida con su propio régimen que se explica en el carnet por puntos. Y, como la gravedad de la infracción decide si el plazo es de tres o de seis meses, en el caso de la velocidad puede consultarse la cuantía y los puntos por tramos.

Mecánica del escrito de alegación

La alegación de prescripción es relativamente sencilla en estructura. Se construye con:

1. Fecha exacta del hecho infractor (la que figura en el boletín).
2. Fecha exacta de notificación al interesado (la del acuse de recibo).
3. Cálculo de los días transcurridos en lenguaje claro.
4. Plazo legal aplicable según gravedad de la infracción (cita del art. 112.1 RDL 6/2015).
5. Declaración expresa de la ausencia de actos interruptivos válidos.
6. Solicitud de archivo por prescripción.

La plantilla rellenable está integrada en la calculadora de multas. La presentación puede hacerse en sede electrónica de la DGT con cl@ve o certificado, o en registro físico en la Jefatura Provincial. Conserva el justificante de presentación.

Si la administración desestima la prescripción

Una desestimación de prescripción mal fundamentada es defecto formal: el artículo 88.3, en relación con el artículo 35.1.h), de la Ley 39/2015 obliga a la administración a motivar las resoluciones que resuelven procedimientos sancionadores. Si la desestimación se limita a afirmar que hubo actos interruptivos sin identificarlos con fecha y notificación, procede recurso potestativo de reposición invocando defecto de motivación, y eventualmente vía contenciosa donde la motivación se examina con mayor rigor.